Ocho meses después de la denuncia presentada por el Partido Popular de l’Alfàs del Pi y tras tomar declaración a los concejales Vicente Soler, Mayte García y Vicenta Baldó y a varios funcionarios del consistorio alfasino, entre ellos Lourdes Caselles, actual edil del PP en el Ayuntamiento de Benidorm, el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm ha solicitado también tomar declaraciones a varios funcionarios de la Conselleria, entre ellos la veterinaria de la Marina Baixa, a varios miembros de la propia protectora de animales, al alcalde de Alfàs del Pi, Vicente Arques, y a la edil de Seguridad Ciudadana, Genoveva Tent.

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, manifestó que “el expediente de la protectora de animales está inmaculado, porque cuenta con todos los informes favorables”. “Estamos ante una denuncia claramente política, dado que de tres funcionarios que ejercen de secretarios en la Junta de Gobierno, sólo se denuncia a dos de ellos. Asimismo está comprobado, según consta en varios informes, que no ha existido maltrato animal, extremo en el que insiste el PP de l’Alfàs”, subrayó Such, quien añadió que “toda la parte económica está fiscalizada por la intervención municipal”.

El hecho de que Vicente Arques sea también diputado autonómico puede provocar, si así lo considera el juzgado, que el expediente se trasladase al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana aunque, dado que únicamente son declaraciones explicativas, ya que nos encontramos en la fase de diligencias previas, podría quedarse en el Juzgado número 4 de Benidorm a la espera de las primeras conclusiones de la justicia. “Recordar que este convenio entre el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la Asociación de Auxilio de Animales (AAA) viene firmándose desde hace 20 años”, recalcó Such. “Aprovecharemos las citaciones para aclarar todas las cuestiones sobre este caso”, indicó.

Recordar la vertiente judicial que se da en el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, con 35 contenciosos administrativos interpuestos por el PP contra el equipo de Gobierno y 6 denuncias penales, la mayoría de las cuales ya han sido archivadas.