Una situación que acarrea ya un coste económico importante, coste que “lamentablemente deberán saldar todos y cada uno de los ciudadanos” ha advertido el alcalde, el socialista Vicente Arques, que ha pedido disculpas de manera reiterada a todos los vecinos “principales afectados por la actitud irracional de la portavoz del PP”. Y es que “de momento son 110 los expedientes paralizados, pero todos los indicios apuntan a que la señora Huerta se ha propuesto acaparar la institución local solo para ella y convertir el Ayuntamiento en su coto privado, aunque no entendemos muy bien para qué y si ha medido las consecuencias que todo esto le puede acarrear a nivel personal y político”.

Una situación surrealista que ha llevado al gobierno municipal del Ayuntamiento de l’Alfàs a elevar una queja formal al Sindic de Greuges, fundamentada en un informe técnico de 17 páginas, donde se especifica de manera pormenorizada que la portavoz del PP de l’Alfàs, Maite Huerta, tiene acceso a toda la documentación administrativa municipal a través de la plataforma digital creada a tal efecto en el año 2012. Sobre los requerimientos de información relativos a este periodo de tiempo solo decir “que nos veremos las caras en los juzgados y los demandaremos en costas” ha manifestado el alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques. En cuanto a las peticiones de expedientes de 2001 o 2005, años en los que el partido popular ostentaba el gobierno, Arques ha incidido en las manifestaciones realizadas ayer por el portavoz de su gobierno, al tratarse de expedientes de los que podrían hablarle con mayor conocimiento sus compañeros de bancada popular, por aquel entonces con responsabilidad de gobierno, “compañeros que le han retirado la palabra y el crédito” subrayaba el portavoz Toni Such.

Se ha solicitado la mediación del Sindic de Greuges para que imponga la cordura, cese el comportamiento irracional de la señora Huerta y se atenga a actuar de manera ponderada, al objeto de no entorpecer el normal funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, terminando de una vez por todas con el malestar existente entre el funcionariado y lo más importante, permitiendo al Ayuntamiento dar servicio al ciudadano que está siendo el auténtico pagano de esta situación, que por cierto contrasta con las políticas promovidas desde su propio partido en la Comunidad Valenciana, que sugiere penalizar a quienes utilicen la justicia como arma política.