La empresa FFC, Fomento de Construcciones y Contratas, ha impugnado la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del término municipal de l’Alfàs del Pi, a la mercantil Agricultores de la Vega de Valencia, aprobada en sesión plenaria ordinaria el pasado mes de septiembre con el apoyo unánime de todos los grupos. “Es un procedimiento totalmente normal, recogido en derecho y la empresa actúa dentro del marco legal que desde luego nosotros respetamos y no vamos a cuestionar” ha manifestado el portavoz del Equipo de Gobierno, el socialista Toni Such. “En el Ayuntamiento entran reclamaciones y contenciosos un día si y otro también, es algo repito normal e incluso comprensible si tenemos en cuenta que hablamos del contrato más importante de este Consistorio”.

La ley de contratación ha cambiado hace un año, explica el portavoz del Ejecutivo Alfasino Toni Such “antes cuando se interponía alguna impugnación o contencioso el procedimiento seguía su curso de manera paralela, ahora en cambio cuando esto ocurre se paraliza el proceso”. La empresa FCC, segunda de las mercantiles que concurrían a concurso, ha decidido agotar los recursos legales a mano e impugnar la contratación del servicio público. “Ante todo quiero manifestar que ha actuado dentro de los 15 días reglamentarios y respetamos su decisión” aunque lógicamente, añade Such, no compartimos tal postura porque ralentiza dos meses más un proceso excesivamente largo que además tendrá unos costes económicos que nos podríamos haber ahorrado. En este punto puntualiza el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de l’Alfàs “hemos hablado con la adjudicataria actual y va a seguir cumpliendo con el servicio hasta que finalice el proceso”.

Nada más conocer la decisión de la mercantil, prosigue Such, ayer mismo informamos a todos los grupos municipales de lo ocurrido en una reunión de portavoces. El alcalde firmaba previamente un decreto por el que se paraliza el proceso, decreto que será ratificado este próximo viernes en un pleno extraordinario de mero trámite y a partir de ahí “contestaremos las alegaciones según contempla la ley esta próxima semana, celebraremos audiciones con todas las empresas y en dos meses será un juez, en caso de seguir adelante el contencioso, quien dictamine la firma del contrato “entendemos que no habrá problema alguno”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que posponer la firma de la contrata conlleva una penalización económica, rebasado el periodo legal, una vez transcurridos los dos meses y tras la decisión del juez, cambiaría radicalmente el enfoque del asunto y habría que replantearse los hechos y reclamar daños y perjuicios a la empresa. Estamos seguros que esto no ocurrirá y que sencillamente se están agotando los recursos legales “algo insisto totalmente comprensible” apostilla el edil.