Prodedimiento en marcha desde esta misma mañana para que se reconozcan las confirmaciones de los 3.000 residentes del padrón municipal de l’Alfàs, desechadas inicialmente en la última actualización del Instituto Nacional de Estadística de fecha 30 de diciembre de 2017. Desde entonces se ha realizado una campaña informativa por el Ayuntamiento, “y se adjunta nuevamente la documentación que constata tenemos un censo de 21.964 habitantes, y es lo que sencillamente pedimos se reconozca, desde el máximo respeto institucional ” ha informado el portavoz del gobierno Toni Such.

El alcalde, Vicente Arques, ha firmado un decreto autorizando interponer el contencioso, y automáticamente ha convocado la comisión informativa de hacienda para poder elevar a pleno su ratificación. “Estando disconformes con la cifra publicada, considerando los dispuesto en el artículo 17 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, es intención proceder al ejercicio de acciones”, según explica el decreto y resalta Such “en cumplimiento de la obligación de defender los derechos e intereses de este Ayuntamiento”.

La eliminación de un plumazo desde el INE de 3.000 residentes del padrón municipal de l’Alfàs del Pi, se considera por el ejecutivo local una medida más de ajuste económico, adoptada por el gobierno central, que no corresponde en absoluto con la realidad demográfica de esta localidad. “Entendemos vulnera los intereses de los ciudadanos de diferentes países europeos afincados aquí, no reconociendo su condición de residentes”, ha manifestado el portavoz del gobierno Toni Such. Consideramos que no es un asunto meramente económico, “estamos hablando de una reducción de ingresos por habitante de 200 euros”, argumenta el portavoz del ejecutivo local refiriéndose a la suma de dinero que el municipio dejaría de percibir del gobierno central por esta drástica reducción de vecinos en el padrón. “Consideramos es nuestro deber defender, desde el máximo respeto a las instituciones, los derechos de todos los ciudadanos por igual sin distinción, y si somos tan europeos no debemos actuar tan a la ligera, porque estos ajustes económicos pueden salir muy caros, ya que conllevan la eliminación de servicios públicos”.

En l’Alfàs del Pi están empadronados 21.964 habitantes “y es lo que queremos se reconozca desde el INE, sencillamente porque esos vecinos viven aquí y pagan sus impuestos aquí”, son declaraciones del portavoz socialista, Toni Such. Se da la circunstancia que el 50 % de los empadronados son residentes extranjeros. Cuando un español se da de alta en el censo permanecerá toda su vida, mientras que un extranjero debe de renovar su inscripción periódicamente. Un trámite que hace que muchos eviten el papeleo, y eso se sabe perfectamente desde la administración. “De hecho las cifras siempre son superiores a las que constan, por eso no podemos permitir se reduzcan más”.

Desde el Ayuntamiento se maneja información de consumo de agua, basura, pago de tributos, matriculación de vehículos, certificados, datos que evidencian la ocupación de las viviendas, en definitiva información añadida sobre esos 3.000 residentes que si están viviendo aquí. Para poblaciones como l’Alfàs estas medidas “supuestamente adoptadas para ahorrar, perjudican a municipios como el nuestro con un claro carácter europeista, discriminan a unos pueblos respecto a otros, e ignoran la realidad de l’Alfàs”. La reducción de habitantes supondría la eliminación inmediata de servicios públicos obligatorios, que pasarían a depender de otras instituciones como la Diputación “algo difícilmente controlable por la ciudadanía”.

Such explica que la documentación aportada por el Consistorio, si que ha sido en una primera etapa aceptada por la subdelegación del gobierno en Alicante, mientras que es al llegar a Madrid cuando no se valida y desecha. “No comprendemos el motivo, y solicitamos una rectificación reconociendo la realidad demográfica, avalada por la documentación presentada por este Consistorio”, apostilla Such, razón del contencioso en marcha contra la resolución adoptada por el INE, que será ratificado en el pleno para “atender adecuadamente las necesidades que correspondan ante los Tribunales y Juzgados competentes”.