Según ha explicado el concejal portavoz del gobierno local, el socialista Toni Such, “se presentará en las Cortes una Proposición de Ley sobre la función social de la vivienda” que deberá contener medidas “como la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción de compra a suscribir por la entidad financiera titular del crédito, el propietario ejecutado y la Generalitat, por un plazo de tiempo estimado en 3 años, a la finalización del cual, el arrendatario podrá optar por la compra o por continuar con el arrendamiento durante dos años más”. El precio de dicho contrato será el ajustado para la vivienda conforme a los criterios de las normas de la legislación estatal sobre saneamiento del sector financiero, y el importe total no superará en ningún caso el 25 % de los ingresos de la unidad familiar. Para el supuesto de negativa por la entidad financiera ejecutante a formalizar el contrato de arrendamiento, la Generalitat procederá a tramitar la expropiación del usufructo temporal de la vivienda por un plazo máximo de 3 años, elaborando un protocolo general de actuación que establezca las condiciones tanto del usufructo como del arrendamiento posterior de la vivienda.