Ley de transparencia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.

La Ley establece las obligaciones de publicación que afectan a las entidades públicas para garantizar la transparencia en su actividad y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

 

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

La mayor parte de la ley ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, salvo el régimen de publicidad activa que lo hará el próximo 8 de octubre para facilitar las adaptaciones organizativas necesarias.

Como recoge la exposición de motivos, las líneas de fuerza sobre los que bascula esta ley son:

  • la transparencia informativa;
  • la promoción de la reutilización de datos públicos;
  • la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas; y
  • la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas.

 

Ultima modificación 7 años